Las vacaciones de julio ponen en evidencia un problema que se produce durante todo el año, pero que con la afluencia de viajeros se vuelve patente: el mal estado de las rutas nacionales. La decrepitud de algunos caminos es grave y afecta el comercio, la producción y pone en riesgo la vida de miles de personas que deben recorrerlas a diario. Los procesos mediante los cuales el Gobierno nacional planea privatizar algunas de ellas aún no han concluído, lo cual suma incertidumbre a la situación.
Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia se ha profundizado un contexto que ya venía de arrastre. El ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional para rescatar al país de la crisis en la que la había sumido el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández dejó las rutas prácticamente sin mantenimiento. Y el deterioro se hizo inevitable.
De todos modos, hay que destacar que las gestiones anteriores habían hecho muy poco por la infraestructura vial. Cristina Fernández de Kirchner le dejó a Mauricio Macri caminos muy deteriorados que el líder del PRO se limitó a bachear, en la mayoría de los casos. Con Alberto Fernández, la debacle se profundizó. Es decir, no es sólo responsabilidad de Milei, sino que es una situación que se viene repitiendo desde hace por lo menos 15 años.
En las últimas cuatro presidencias tampoco hubo grandes inversiones en autopistas. La mayor parte de los caminos del país son carreteras de apenas dos carriles que, en algunos casos, se acercan al colapso por el volumen de tráfico que soportan. En esta circunstancia incide un factor clave: en Argentina prácticamente no hay ferrocarriles, por lo cual las rutas son la única vía para trasladar la producción.
La administración de Javier Milei anunció la privatización de unos 9.000 kilómetros de caminos nacionales. Pero son procesos que avanzan lentamente y, a medida que se conocen detalles de las responsabilidades que les cabrán a las empresas que las explotarán, queda claro que la prioridad será el mantenimiento y no las inversiones en infraestructura. De hecho, hay un dato revelador: de esos 9.000 kilómetros que serán privatizados, sólo 3.000 corresponden a autovías. Los 6.000 restantes son caminos de dos carriles. De estos últimos, sólo se proyecta convertir en autopistas apenas 300 kilómetros. La mayoría, en el centro del país y en la provincia de Buenos Aires.
En el norte argentino tenemos una de las situaciones más críticas. Se trata de los 30 kilómetros que separan Rosario de la Frontera de Metán, en Salta, por la ruta 9/34. Si bien es un tramo corto, exhibe con potencia una situación que se repite en otros lugares del país. El deterioro del pavimento, los surcos profundos y los baches enormes obligan a transitar prácticamente a paso de hombre en un sector que se caracteriza por un tránsito intensísimo. El Gobierno de la provincia de Salta anunció que se hará cargo de su mantenimiento frente a la indiferencia de la Nación. Hace un par de semanas empezaron a tapar algunos baches.
Si bien las rutas nacionales en Tucumán aún presentan un estado aceptable, hay que estar atentos: si no se realizan tareas de mantenimiento, no sería de extrañar que el drama de la 9/34 se reedite en nuestra provincia tarde o temprano.